Una vivienda única familiar, adjudicada por el IPV y no ocupada por el grupo familiar, además de una marcada irregularidad e inequidad manifiesta, implica un motivo de preocupación para toda la sociedad.

Sin embargo, la decisión de desadjudicar una vivienda, consiste siempre en el último recurso, que está precedido por un largo proceso que va desde la recepción de denuncias; verificación de la residencia en la vivienda, en diferentes días y horarios; notificación y pedido de descargo al beneficiario; nueva constatación y, finalmente, en casos extremos, la resolución de desadjudicación.

El caso publicado recientemente en el diario El Ancasti, fue el resultado de un proceso iniciado en 2015 con la primera denuncia recibida por vivienda deshabitada. Desde aquel momento y hasta la fecha, la casa 4 de la calle 3 de Vale Chico, recibió un total de 8 denuncias, y unas 8 visitas del área Control Habitacional del Instituto Provincial de la Vivienda. De ese total, sólo en una oportunidad, la propietaria fue encontrada en su domicilio y manifestó su ausencia prolongada por razones laborales. Sin embargo, tras cada inspección, se había dejado una comunicación para que pudiera acercarse al IPV para presentar los correspondientes descargos, que no se hicieron sino hasta el pasado 4 de abril.

Ese día, durante la madrugada, los policías que habitualmente hacen sus rondas por Valle Chico, tomaron conocimiento de un intento de usurpación de la mencionada vivienda; observaron que las aberturas de ingreso habían sido violentadas, informaron sobre la situación, e inmediatamente la casa quedó con custodia.

De este modo, el IPV aclara que todos los pasos se cumplimentaron de manera correcta, y por tanto la determinación de desadjudicar la vivienda no fue arbitraria, ya la ausencia de habitabilidad permanente y la falta de presentación de algún instrumento que acreditara la imposibilidad de cumplir con esta carga, constituyeron el sustento suficiente para llevar a cabo la actuación y su correspondiente resolución.